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La columna de opinión (The lawyer): El proceso penal en la sociedad del conocimiento y la información

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|ETCÉTERA.PE|: Uno de los hechos característicos de la sociedad moderna, conocida también como sociedad del conocimiento y la información, es justamente la forma en que se desarrollan las actividades y su estrecha vinculación con la tecnología, la cual no para de ofrecernos herramientas para el desarrollo tanto personal, como profesional. Pese a ello, aún hay ciertos ámbitos y profesionales que se mantienen reacios para promover la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) en determinadas áreas, una de ellas y materia de la presente columna, son los procesos penales.

El proceso penal recoge ciertos principios como lineamientos básicos para su correcto desarrollo, los cuales, indiscutiblemente, deben ser respetados y garantizados por sus operadores, entre ellos destacamos el principio de inmediación reconocido en el Art. 356 del Código Procesal Penal, esta figura jurídica denota que el juez que dicta una resolución debe haber estado en contacto directo con los sujetos procesales y con los elementos llamados a formar su convicción (medios de prueba).

Aparentemente, este principio cumple un papel fundamental, intocable para un debido proceso. Sin embargo, el Estado de Emergencia Sanitaria en el que nos encontramos a raíz del COVID-19, ha exigido que muchas de las actividades que tradicionalmente se realizaban de forma presencial, opten por el uso de la TIC para evitar paralizaciones irremediables, lamentablemente no es el caso de los procesos penales, pues al inicio del Estado de Emergencia, se optó por paralizar el sistema judicial y con ello todos los casos en trámite, posteriormente se han recibido escritos electrónicos excepcionales.


Es cierto que no debemos hacer cambios improvisados ni desmesurados, pero la verdad es que los operadores judiciales han hecho muy poco para reformular los procesos judiciales y adaptarlos a la sociedad moderna.

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Es así, como muchos han planteado su oposición por el uso de las TIC en los procesos penales, señalando que las audiencias virtuales quebrantarían el principio de inmediación y los dejaría en un estado de indefensión.

Volviendo a la definición antes propuesta del principio de inmediación, cabe formularnos la siguiente interrogante, ¿el uso de las TIC permite un contacto directo entre el juez, los sujetos del proceso y los elementos que lo llevará a tomar su decisión?, pero, además, incluir en esa pregunta el contexto del Estado de Emergencia, y más aún, la “sociedad moderna” en la que nos encontramos. Solo así, podremos tomar ideas más acertadas que no solo respeten los principios y lineamientos del proceso judicial, sino también que correspondan a la sociedad en la que vivimos.


Como muchos autores lo reconocen, los principios, las normas jurídicas, y el derecho en general no pueden ser compartimientos estancos, sino de constante evolución social. Así, es necesario ver a las instituciones jurídicas desde un nuevo enfoque, que nos permita avanzar hacia un sistema judicial más moderno.


Ahora bien, en un estado de emergencia en el que muchos de nuestros derechos se ven restringidos, entre ellos el derecho al tránsito por temas de salubridad, no es apropiado paralizar por completo nuestro sistema judicial, no, si hay otra alternativa. Entonces, en el hecho de que las personas se encuentren en lugares distintos, los TIC no solo no quebrantan el principio de inmediación, sino que posibilitan su efectividad en el proceso, permitiendo un acercamiento de forma integral, interactiva y en tiempo real sin intermediarios.


Asimismo, es importante señalar que el hecho de aprovechar las TIC en los procesos penales no solo obedece al principio de inmediación, sino que también permite la realización plena del principio de celeridad y economía procesal.


Colocándonos en otras circunstancias, en las que el traslado de un lugar a otro del imputado presenta un riesgo de fuga, las TIC también serían la mejor opción. En efecto, el Art. 119-A del Código Procesal penal dispone que, excepcionalmente se podrá hacer uso del método de videoconferencia en casos que el imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de fuga.

Por otro lado, es importante mencionar a la Directiva N° 001- 2014- CE- PJ que dispone los lineamientos para el uso de la videoconferencia en los procesos penales, así como el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 02738- 2014- PHC/TC, del cual podemos resaltar “el sistema de videoconferencia no impide que el procesado y el juzgador puedan comunicarse oralmente; antes bien, posibilita la interacción y el diálogo entre las partes, pudiéndose observar que cuando se realiza bajo las condiciones técnicas adecuadas no obstaculiza la mejor percepción sensorial…”.


Es menester reconocer que en ciertas circunstancias el uso de las TIC puede resultar quebrantando derechos del procesado, pero siempre que no se encuentren previamente reguladas. En ese sentido, en lugar de cerrarnos a la oportunidad y desaprovechar los beneficios de la tecnología, lo ideal sería que los operadores jurídicos se pongan al nivel y enfrente las situaciones, abriendo el paso a procesos judiciales que correspondan a la sociedad del conocimiento y la información. En definitiva, este proceso debe ser diseñado estratégicamente para que sea realmente exitoso, de esa forma se debe asegurar la suficiente capacidad de los servidores de internet, establecer plataformas diseñadas exclusivamente para estos procesos con un soporte técnico permanente que garantice seguridad; y, por supuesto, con una debida preparación a los funcionarios públicos para que enfrenten esta nueva etapa.

Por: Milagros Lizeth Huaquía Díaz

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